El Tribunal del Odio

 

Jesús Archivet

En un escenario que debería de simbolizar la justicia y la democracia, el juzgado de lo Penal de la capital se convirtió ayer en un triste espectáculo de odio y violencia verbal. El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la exministra de Igualdad, Irene Montero, llegaron a los juzgados para testificar en el juicio contra el hombre que durante siete meses acosó a su familia en su vivienda de Galapagar. Sin embargo, lo que encontraron al llegar fue un grupo de personas de extrema derecha que les recibieron con una retahíla de insultos y amenazas.

La crispación se palpaba en el aire. Al bajar del coche oficial, Iglesias y Monero fueron inmediatamente rodeados por individuos que, envalentonados por el anonimato y el tumulto, comenzaron a lanzar improperios: "miserables", "sinvergüenzas", "vende obreros", "asquerosos", "aprovechados". La lista de insultos es larga y triste, pero lo más preocupante fue el tono amenazante de algunas voces que llegaron a gritar: "a ti tengo ganas de encontrarte yo en la calle".

La derecha extrema, esa que se alimenta del miedo y resentimiento, ha encontrado en las redes sociales y en ciertos medios de comunicación su altavoz para su odio. Ayer, esas voces virtuales tomaron forma física a las puertas del juzgado, demostrando una vez más que el discurso de odio no es inocuo. Se materializa en personas dispuestas a gritar y amenazar, envalentonadas por la impunidad de la masa.

La libertad de expresión, ese baluarte de la democracia, no puede ser coartada para el linchamiento público. La violencia verbal es el preludio de la violencia física. Cuando el odio se normaliza, se legitima el siguiente paso: el acoso, la agresión, el asesinato. ¿Es esto lo que queremos para nuestra sociedad? ¿Una convivencia basada en el miedo y la intimidación?

La justicia debe ser ciega, pero no sorda. No puede ignorar el contexto en el que se desarrolla. Los jueces y fiscales que ayer asistieron al lamentable espectáculo de odio a las puertas de los juzgados tienen la responsabilidad de proteger no solo la legalidad, sino también a la dignidad de las personas. Pablo Iglesias e Irene Montero no solo son figuras políticas; son seres humanos que tienen derecho a vivir sin miedo, a ser juzgados en un ambiente de respete y justicia.

El acoso que sufrieron en su hogar de Galapagar y las amenazas que ayer recibieron son dos caras de la misma moneda: la intorelancia. Esa intolerancia que se disfraza de libertad de expresión, pero que en realidad no es más que una manifestación de la incapacidad para convivir en la diferencia.

Hoy más que nunca, es necesario que los demócratas levantemos la voz. Que defendamos el diálogo, la empatía y el respeto como pilares de nuestra convivencia. No podemos permitir que el odio y la intimidación se normalicen. Si lo hacemos, estaremos renunciando a nuestra humanidad, entregándonos a la barbarie.

El juicio contra el acosador de Galapagar no es solo un jucio contra un individuo; es una prueba de la capacidad de nuestra sociedad para defender los valores democráticos frente a la embestida del odio. Es una llamada a la responsabilidad de todos: jueces, políticos, medios de comunicación y ciudadanos. Solo juntos, podremos construir una sociedad en la que la justicia no sea un teatro de odio, sino un verdadero baluarte de la convivencia y la dignidad humana.